La probable intervención del precio de los alquileres anunciada por el partido político Unidas Podemos en su programa electoral ya está aquí, y puede traer unas consecuencias nefastas para el sector inmobiliario, y en particular para el sector de los alquileres. Esta intervención podría producir fácilmente seis consecuencias directas:
1º) Disminución de la oferta ante la falta de seguridad jurídica que se anticipa.
Todas las medidas que se han estado tomado últimamente sobre esta materia han perjudicado claramente a los arrendadores en beneficio de los arrendatarios, así se han alargado los contratos hasta plazos difícilmente entendibles (hasta 10 años (7 de duración + 3 de prórroga) en casos de arrendadores personas jurídicas), se han limitado las garantías que se pueden solicitar a los inquilinos, se ha impuesto a que los arrendadores personas jurídicas soporten los honorarios de gestión e intermediación de las Agencias Inmobiliarias, se ha limitado que los alquileres se actualicen por encima del IPC, se ha aumentado indirectamente el plazo de los desahucios en casos de inquilinos en situación de vulnerabilidad. Si a todo esto le sumáramos que los arrendadores no pudieran fijar libremente los precios de sus alquileres, todo ello conformaría un cóctel explosivo de incertidumbre e inseguridad para quienes tienen la llave de aumentar la oferta de viviendas, que son los arrendadores, lo que puede provocar que saquen menos viviendas al alquiler y disminuya la oferta.
2º) Retirada de SOCIMIS y de Fondos de Inversión.
Ante las medidas tan restrictivas como las que se pretenden imponer a los arrendadores, otra consecuencia directa como de hecho está pasando, es que muchas de las empresas que se dedican en invertir activos para luego alquilar, y por tanto aumentar la oferta, se están planteando la venta de esos activos porque no les salen rentables las operaciones con medidas tan restrictivas. Por lo que vemos que estas medidas atacan de lleno a los dos grandes proveedores de viviendas para el alquiler que son los arrendadores y las Sociedades que invierten en inmuebles para luego alquilar, que son los únicos Agentes que pueden hacer que la oferta de viviendas en alquiler aumente para que los precios pudieran bajar.
3º) Aumento de la Bolsa de Dinero “B”.
Medidas tan restrictivas para los arrendadores como la tan anunciada intervención de los precios, puede generar que los propietarios no se conformen y acudan a la economía sumergida para compensar las diferencias económicas, lo cual generaría la creación de una bolsa de dinero negro, además de pagarse menos impuestos.
4º) Mantenimiento de los altos precios de los alquileres.
En todos los países en los que se han intervenido el precio de los alquileres, las rentas no han bajado y se han mantenido los altos precios.
La intervención de los precios puede provocar grandes desigualdades ante la complejidad técnica de su desarrollo, dado que el precio de dos viviendas en la misma finca puede variar considerablemente en función de su altura, de si han sido reformadas, de si son interiores o exteriores, o incluso de su orientación o de los sistemas de calefacción de que dispongan. La complejidad técnica en ciudades donde se ha implementado la intervención de los precios ha dado lugar en algunos casos, a casos tan dispares como que la renta obtenida de aplicar los criterios de intervención haya sido incluso superior a la renta de mercado de las viviendas libres de esa zona en concreto.
5º) Otro efecto que conllevaría la intervención de los precios sería un menor mantenimiento de las viviendas por los propietarios al recortárseles sus márgenes de beneficios, lo que fomentaría un mayor deterioro de las viviendas, como ocurrió en su momento con el porqué de viviendas de renta antiguas.
6º) Por último, una posible intervención de los precios desincentivaría la actual adquisición de viviendas por particulares para rentabilizarlas destinándolas al alquiler, lo que provocaría una disminución de la oferta y un posible aumento o mantenimiento de los precios.
